A finales del año pasado, la provincia de Chubut se vió envuelta en manifestaciones e incluso disturbios violentos, provocados por grupos que se oponían a la sanción de una ley que habilitaba el desarrollo de la minería en la meseta patagónica, la cuál llevaba casi 20 años en tratativas para ser sancionada. Cabe recordar que luego de las polémicas entorno al desarrollo del proyecto aurífero en Esquel y su posterior judicialización, la Legislatura prohibió, mediante la Ley 5001 en 2003, toda la actividad minera, hasta tanto se elabore un programa de ordenamiento territorial para definir las áreas aptas para la mineria en el territorio provincial. A la fecha, no hay programa de ordenamiento territorial y la resistencia a cualquier debate se mantiene incólume. Arrancando el 2022, los medios de comunicación y la opinión pública en general, se hicieron eco del conflicto desencadenado a partir de la orden de un Juez Federal de Mar del Plata de suspender la exploración de recursos hidrocarburíferos en el mar argentino cuya autorización había sido otorgada a la filial argentina de una compañía extranjera por las Secretarías de Energía y Cambio Climático de la Nación. La fundamentación de la sentencia se basó en las falencias en las consultas previas, estudios de impacto ambiental incompletos y falta de publicidad de los términos de los permisos extendidos. Si bien el fallo fue revisado por la Cámara de Apelación, incluso con polémicas entorno a la parcialidad del Juez interviniente y potenciales vínculos con sectores involucrados en el litigio, las polémicas entorno a la actividad exploratoria en la plataforma continental, se mantienen vivas y son el reflejo, creemos, de visiones mucho más profundas y contradictorias respecto de la actividad extractiva en sí. MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS