Se trata de agentes distintos de los inversores individuales, que son las empresas que proponen y llevan adelante proyectos y dependen de los primeros para financiación, aseguramiento e incrementos de capital. El grueso de los recursos financieros globales está en el sector bancario, financiero e inversor institucional, no en los inversores individuales. Esto es así porque son los primeros quienes captan y administran los ahorros de un sinnúmero de naciones, empresas, otros inversores individuales y particulares. Se trata de organizaciones que invierten grandes cantidades de capital en los mercados financieros. A diferencia de los inversores individuales, estas instituciones gestionan fondos propios y fundamentalmente ajenos de gran escala, por lo que tienen un impacto muy superior en los mercados. Nos referimos a fondos de pensiones, compañías de seguro y reaseguro, fondos mutuos, fondos soberanos, fondos de cobertura, bancos de inversión, fondos privados de capital, etc. Dada la magnitud de los fondos que manejan y la profesionalidad de la gestión de los mismos, estos inversores pueden realizar operaciones de inversión de considerable tamaño, tales como el financiamiento de proyectos mineros, petroleros, agro, forestal, infraestructura, telecomunicaciones, industria, etc. Es a ellos a quienes acuden los inversores individuales cuando proponen dichos proyectos. Ahora bien, los inversores institucionales están adoptando un papel cada vez más activo en la protección del medio ambiente al integrar criterios de sostenibilidad y responsabilidad en sus decisiones de inversión. Este enfoque se conoce comúnmente como inversión responsable o inversión ESG (Environmental, Social, and Governance, es decir, Ambiental, Social y Gobernanza). A efectos de proteger sus inversiones, los inversores institucionales analizan los proyectos y empresas en las que invierten considerando también su impacto ambiental, y evitan participar o invertir en proyectos expuestos a riesgos ambientales graves. Los Criterios ESG evalúan aspectos como: A) uso eficiente de los recursos naturales; B) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; C) políticas de gestión de residuos; D) cumplimiento con las normativas ambientales. Si un proyecto tiene un mal desempeño ambiental o presenta riesgos ambientales significativos, los inversores pueden desahuciarlo con solo decidir no participar, no financiarlo o elevando el costo de su financiación hasta alterar su ecuación económica. O pueden imponer condiciones de mejora a cambio de su participación o financiación. Asimismo, los inversores institucionales canalizan cada vez más capital a inversiones con criterio de sostenibilidad, es decir, proyectos que promueven la transición hacia una economía baja en carbono. Estos incluyen, entre otros: A) energías renovables (eólica, solar, geotérmica); B) proyectos de eficiencia energética; C) tecnologías limpias; y D) proyectos de infraestructura como transporte sostenible o construcción con certificaciones ambientales. Por ejemplo, la financiación de un proyecto petrolero tradicional puede resultar más costosa que la de un proyecto de generación de energías renovables, si bien la Guerra de Ucrania, el conflicto de Medio Oriente y la pandemia ralentizaron ésta tendencia. En paralelo, algunos inversores institucionales han adoptado políticas de desinversión en sectores que son considerados altamente contaminantes, que degradan bosques y ecosistemas o que contribuyen de manera significativa al Cambio Climático. Los inversores institucionales que poseen participación accionaria en empresas tienen un significativo y directo poder de influencia en sus asambleas de accionistas, por lo que pueden exigir mejores prácticas corporativas (ej. políticas de sostenibilidad, reducción de la huella de carbono, etc.) mediante la persuasión, el voto y e incluso el denominado activismo accionario. Muchos inversores institucionales están integrando la Evaluación de Riesgo Climático en su análisis financiero, en atención a que el Cambio Climático puede afectar el valor a largo plazo de sus inversiones. De esta manera, se inclinan por financiar proyectos que sean resilientes al mismo. Los inversores institucionales están incrementando su participación en la compra de bonos verdes, que son instrumentos financieros emitidos específicamente para financiar proyectos con beneficios ambientales, como la reducción de la contaminación, la conservación del agua, la mejora de la biodiversidad o la mitigación del Cambio Climático. Esto facilita la financiación de proyectos sostenibles. Como mínimo, los inversores institucionales exigen que los proyectos que financian cumplan con normas y certificaciones ambientales internacionales. Desde ya, ISO 14001, ISO 45001 y similares son un sobreentendido, pero a eso también se agregan normas como las de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Certificación LEED en infraestructura, Certificación de Eficiencia Energética y Energía Renovable, etc. Estas certificaciones garantizan que los proyectos cumplen con los estándares ambientales más estrictos y son sostenibles a largo plazo. Los inversores institucionales suelen exigir a las empresas y proyectos que financian un alto grado de transparencia sobre su desempeño ambiental. Muchas instituciones exigen la divulgación de huellas de carbono, impacto en biodiversidad o gestión de residuos. Asimismo, muchos inversores institucionales impulsan iniciativas globales para promover la sostenibilidad ambiental como, por ejemplo, los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e iniciativas para la integración de riesgos climáticos en la información financiera. En definitiva, los inversores institucionales constituyen una instancia de control nueva, poderosa y diferente que se suma –o puede incluso superar, pero no reemplaza- al contralor estatal.